La sentencia en contra del Coronel en retiro, José Joaquín Aldana Ortiz se conoció en marzo del 2011, por parte del juez primero penal de Ibagué, quien sentenció a 33 años de cárcel al excomandante de la Policía del Tolima, tras el macabro asesinato de su esposa, Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez. 

En su momento se conoció que en la entrada de la Hacienda San Isidro fue hallada una bolsa con la ropa de Yeneris Gutiérrez, a un costado de la carretera que de Ibagué conduce al sector de Chípalo; en la Hacienda San José, estaba el tronco sin vísceras; una semana después en otra finca, La Leticia, fue hallado un muslo, hecho que fue recordado por el país entero luego de conocerse que a Erika Yeneris, antes de morir, le fueron propinadas 58 cortadas, al igual que el corte de una parte de su dedo meñique. Después de su muerte fue descuartizada.

Aunque la justicia cerró ese capítulo cuando la sentencia quedó en firme y fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el exoficial, desde la cárcel La Picota de Bogotá, acaba de hacer una jugada jurídica para buscar su libertad.  

Aldana Ortiz solicitó a través del Ministerio de Defensa que su nombre sea considerado dentro de los beneficios de la libertad condicional que les aplica a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron conductas delictivas en el marco del conflicto y que llevan más de cinco años detenidos. Esto a cambio de que se sometan a las reglas de la justicia transicional y contribuyan a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Por la deuda que tiene con la justicia, no parece posible que Aldana tenga posibilidad de ser cobijado por los beneficios, que establece penas alternativas hasta de ocho años por crímenes graves. Sin embargo, será el Ministerio de Defensa el encargado de darle una respuesta a la solicitud; en caso de pasar este filtro, será la Secretaría Especial de la JEP la que se encargará de verificar si su petición es viable.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial
Imagen tomada de OscarHumbertoGomez.com