La presidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes expidió un auto mediante el cual ordena la suspensión provisional del presidente. La decisión ha generado un intenso debate sobre su legalidad y alcance constitucional.

La presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro dentro de una investigación relacionada con una presunta participación en política durante el actual proceso electoral. La medida tendría vigencia hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 p.m., cuando concluya la jornada de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el documento conocido este miércoles, la decisión fue adoptada mediante un auto de sustanciación que argumenta la existencia de una posible “falta gravísima” por parte del mandatario, relacionada con una eventual intervención indebida en asuntos electorales. La congresista sustentó la medida cautelar en disposiciones de la Ley 1952 de 2019 y en diversos precedentes judiciales.

Sin embargo, la determinación provocó de inmediato una fuerte controversia jurídica y política. Diversos sectores han señalado que la Comisión de Acusación no tendría competencia para suspender al jefe de Estado, pues, según la Constitución, esa facultad recaería en el Senado de la República luego de surtirse un procedimiento específico en el Congreso.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la legalidad de la decisión y aseguró que únicamente el Senado puede adoptar una medida de esta naturaleza contra un presidente en ejercicio. En la misma línea, varios juristas y dirigentes políticos han advertido que se trataría de una actuación sin precedentes y con serios cuestionamientos constitucionales.

Por ahora, la medida no implica automáticamente la salida del mandatario del cargo. Fuentes consultadas por medios nacionales indican que el proceso deberá superar varios filtros institucionales y que la decisión podría ser objeto de revisión debido a las dudas sobre la competencia de la congresista para ordenar la suspensión de manera individual.

La decisión se conoce a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio, en medio de un ambiente político altamente polarizado y cuando el presidente Petro ha sido señalado por sus opositores de intervenir en el debate electoral a través de publicaciones y pronunciamientos públicos.