Un ciudadano denuncia que, pese a las directrices de la Secretaría de Salud departamental sobre la gratuidad de las tres dosis, una entidad de salud le ha exigido pagos para completar su esquema.

El usuario José Rodríguez elevó una denuncia pública tras enfrentarse a barreras económicas al intentar completar su esquema de vacunación contra la Hepatitis B, un servicio que la Secretaría de Salud del Tolima estipula como totalmente gratuito.

El afectado relató que su primera dosis fue aplicada en diciembre de 2025 en el primer piso de la Gobernación del Tolima, en el marco de una jornada gratuita. Un mes después, en enero de 2026, le correspondió la segunda aplicación por indicación de la Secretaría de Salud Departamental, la cual se llevó a cabo en el Hospital San Francisco bajo la instrucción de que en ese mismo establecimiento debía recibir posteriormente la tercera dosis.

Sin embargo, al acudir en enero tuvo dificultades para aplicar la segunda dosis, gracias a su insistencia logró que la aplicarán, pero en julio de 2026 al asistir, se encontró con la exigencia de un pago monetario para poder acceder al biológico.

Ante la negativa inicial, Rodríguez se comunicó nuevamente con la Secretaría de Salud Departamental, donde le reiteraron de manera enfática que el esquema de las tres dosis es totalmente gratuito y que las instituciones no deben cobrar por ellas bajo ningún motivo.

Ante estos hechos, el denunciante solicita respetuosamente a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen posibles irregularidades en el cobro de vacunas y se esclarezca si se está afectando el derecho a la salud de los ciudadanos.

¿Cobros irregulares o fallas de coordinación?

Ante la duda sobre si la IPS está incurriendo en cobros irregulares o si se trata de un problema de coordinación, el escenario suele evidenciar una mezcla de ambas problemáticas.

Independientemente de si se origina por un error operativo interno o por una práctica indebida de cobro, la institución tiene el deber de verificar los lineamientos oficiales antes de imponer barreras económicas a los pacientes.