La Fiscalía obtuvo hace un mes la medida de aseguramiento en contra de la exjueza de Ataco, Lilia Alberta Ospina Fuentes; su madre, María Alberta Fuentes Ortegón y un primo suyo, José Ismael Ortegón, acusados por los delitos de homicidio en grado en el grado de tentativa y porte ilegal de armas. El ente acusador y la procuraduría hicieron fuertes acusaciones en contra de esta exfuncionaria de la rama judicial y sus parientes, quienes no aceptaron cargos achacados en audiencia de imputación.

Durante las audiencias concentradas la delegada fiscal y la Procuraduría fueron contundentes y calificaron de ilegal el actuar de la exfuncionaria de la rama judicial, Lilia Alberta Ospina Fuentes, al demostrar que realizó varios seguimientos al vehículo de la actual compañera sentimental de su exesposo, Mirna Gisela Torres Sáez, a quien, según la fiscalía, ordenó asesinar pagándole a dos sicarios un dinero en efectivo, hecho delincuencial que no se pudo perpetrar, pues el arma que utilizaron los asesinos a sueldo sufrió una falla y la mujer se salvó de morir en dicho atentado, siendo impactada en la parte izquierda del pecho.

Según el Ministerio Público no se explica cómo una profesional del Derecho, que realizó su juramento para hacer cumplir la Constitución y la Ley, dejó a un lado su compromiso, y en un acto inmisericorde, ordenó la muerte de dos mujeres, con la ayuda, según la Fiscalía, de su progenitora y de un primo suyo que conducía un taxi en la capital del Tolima.

Hay que recordar que en las audiencias concentradas la Fiscalía reveló información que compromete a la exfuncionaria con este crimen en el grado de tentativa, argumentando que "No estamos hablando de cualquier mujer, nos referimos a la hija de su excompañero sentimental, de quien debió haber tenido misericordia, pero no fue así, pues iba a hacer una de sus víctimas. La otra es una mujer que actualmente comparte su vida con el ex esposo de la juez, a quien también ordenó asesinar con la complicidad de su familia, entre ellos, su madre y un primo suyo. En qué momento se le olvidó que era juez de la República y en qué momento se le olvidó su condición de madre para mancillar la administración de justicia y actuar de esta manera tan desconsiderada", aseguró la representante de la Procuraduría.

La Fiscalía tiene en sus manos varios audios de las conversaciones que se lograron recuperar de las líneas que manejaban los dos hombres que fueron contratados, quienes fueron identificados con los alias de “Manizales” y “Parce”, este último asesinado en su celda del Coiba de Picaleña, crimen ocurrido a finales de junio del presente año.

Llamó la atención para las autoridades la frialdad y la insensibilidad que tuvo esta mujer para tomar la decisión de asesinar a sus víctimas, igualmente, la manera peyorativa y despreciativa cómo se dirigía a estas dos mujeres, como cuando se refería a ellas para “llenarle la cabeza de cigarrillos” o cuando le ponía apodos a una de estas mujeres a quien llamó “la cucaracha”, lo que para la Procuraduría, esas acciones sólo vienen de personas que no tienen compasión para con sus semejantes.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.