El pasado mes de noviembre el Concejo Municipal de Ortega hundió el proyecto que buscaba la realización de una consulta popular contra la minería en esta localidad del sur del Tolima, argumentando que la pregunta era inconstitucional, y que la aprobación de la iniciativa afectaría a las comunidades que se dedican a la extracción de metales y minerales de manera artesanal.

Razón por la cual, ambientalistas de Ortega instauraron ante el Tribunal Administrativo del Tolima una tutela contra el cabildo municipal, por violación a los derechos fundamentales del debido proceso y a la participación ciudadana.

Promotores de la iniciativa ‘El agua es Vida’ solicitaron que se dé como válido el trámite realizado ante el concejo municipal, y que la revisión constitucional de la pregunta sea estudiada por el Tribunal Administrativo del Tolima.   

John James Ducuara, promotor de la consulta popular señaló que, fueron denunciados ante la Justicia Especial Indígena a los dos concejales representantes de la comunidad indígena, así como al alcalde de Ortega Benjamín Aponte por traición a las leyes indígenas, buscando que se inhabiten para ocupar cargos públicos y aspirar a cargos de representación política.

Por: Paola Rojas Gómez, periodista regional.