La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a 19 directores de corporaciones autónomas regionales del país y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAGMA-, por presuntas irregularidades relacionadas con el subregistro de estadísticas sobre tala ilegal, y volúmenes de madera en el mercado del país.

La medida disciplinaria cobija al director de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, y a la directora del DAGMA, Claudia María Buitrago, Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima y 18 directores más.

El Ministerio Público busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el registro de información de salvoconductos únicos nacionales en Línea –SUNL-, en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL- de la ANLA, entre el 2018 y el 2019.

Al parecer, los registros habrían sido duplicados o cargados más de una vez, con el fin de ser utilizados para legalizar madera talada ilegalmente a nivel nacional.

El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.