Procuraduría investiga millonarias Irregularidades en contrato de obra para mejorar la vía El Salado - San Bernardo
- por Ondas de Ibagué
Las exsecretarias de Infraestructura y Hábitat Diana Esperanza Cifuentes Quintero (2018-2019) y Claudia Paola Muñoz Barreto (2019-2022) están en el ojo del Huracán por posible desvío de recursos de regalías.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación de alto impacto contra las exsecretarias de Infraestructura y Hábitat del Tolima, Diana Esperanza Cifuentes Quintero (2018-2019) y Claudia Paola Muñoz Barreto (2019-2022), por presuntas inconsistencias en un contrato de obra financiado con recursos de regalías por valor de $10.059’413.358.
La investigación también incluye a Felipe Andrés Lombo Vergara, quien fungió como supervisor del contrato, y a Aura López Mendoza, exrepresentante legal del Consorcio Ingescorp E&S, encargada de la interventoría del contrato firmado con la Unión Temporal San Bernardo para mejorar y pavimentar la vía secundaria El Salado - San Bernardo.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima examinará si hubo irregularidades sucesivas que afectaron el desarrollo del proyecto, como adiciones del 50% al valor original del contrato y múltiples retrasos que extendieron el plazo de 300 días a más de 1.100.
El ente de control investigará fallas en el control y seguimiento de la obra por parte de la administración departamental, incluyendo improvisación, mala estructuración del presupuesto y deficiencias en las especificaciones técnicas. También se analizará la simultánea construcción y diseño de la obra, que parece haber sido realizado sin una planificación adecuada.
El contrato, cuyo valor total asciende a $14’067.796.155, habría generado un detrimento público de aproximadamente $297’731.000, lo cual ha levantado serias preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos durante las administraciones de los exgobernadores Oscar Barreto y Ricardo Orozco.
La Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas para determinar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares. Las autoridades estarán atentas a los resultados de esta investigación, que podría tener importantes repercusiones políticas y legales para los implicados.